Por: Julio Horton
La reciente crisis eléctrica vuelve a evidenciar fallas estructurales, falta de planificación y la necesidad de asumir responsabilidades en la gestión de un servicio esencial.
Santo Domingo.– El reciente apagón nacional ha vuelto a poner en evidencia una de las debilidades estructurales más sensibles del país: la fragilidad del sistema eléctrico y la falta de previsión en su gestión. Más allá del incidente técnico, lo ocurrido plantea una pregunta inevitable sobre la capacidad del Gobierno para garantizar un servicio esencial para la vida económica y social de la nación.
Las interrupciones eléctricas que afectaron a millones de dominicanos no fueron un evento menor. Hospitales operando en condiciones críticas, el Metro paralizado, audiencias judiciales suspendidas, comercios detenidos y un caos generalizado en el tránsito reflejan el impacto real de una falla que expuso la vulnerabilidad del sistema. Cuando un servicio básico colapsa a escala nacional, el problema deja de ser operativo y se convierte en político.
Cuando un servicio esencial falla a nivel nacional, la crisis deja de ser técnica y pasa a ser un asunto de responsabilidad pública.
Lo más preocupante no es solo el apagón en sí, sino el contexto en el que ocurre. En apenas tres meses, el país ha enfrentado dos eventos de gran magnitud, una situación poco común en la historia reciente. Esto sugiere fallas en la planificación del mantenimiento, en la gestión de riesgos y en la coordinación del sistema. En el sector eléctrico, las paradas técnicas y los programas de mantenimiento deben planificarse con suficiente antelación para evitar precisamente este tipo de escenarios.
A esto se suma otro elemento crítico: el crecimiento sostenido de la demanda energética. Si el consumo aumenta cada año y la expansión de la capacidad de generación no avanza al mismo ritmo, el sistema inevitablemente operará bajo presión. La falta de nuevas inversiones en generación y en infraestructura de respaldo termina traduciéndose en apagones, pérdidas económicas y deterioro en la calidad de vida de la población.
La responsabilidad política, en este contexto, no puede diluirse. La gestión del sistema eléctrico es una tarea estratégica del Estado y requiere resultados concretos, no explicaciones posteriores a las crisis. Cuando fallas de esta magnitud se repiten, es legítimo cuestionar el desempeño del equipo responsable y evaluar cambios en la conducción del sector.
El problema eléctrico no es aislado. Se suma a preocupaciones ciudadanas en materia de costo de vida, seguridad, empleo y confianza en las instituciones. En un escenario donde las expectativas sociales son altas, cada crisis de servicios básicos amplifica la percepción de improvisación y debilita la credibilidad gubernamental.
A pocos días de una nueva rendición de cuentas, el país necesita algo más que discursos. Se requieren decisiones firmes, planificación de largo plazo y, sobre todo, responsabilidad política. Porque cuando la electricidad falla, no solo se apagan las luces: también se pone a prueba la capacidad de gobernar.
